La reciente detención de un matrimonio  en Yaiza por emplear a 12 personas en situación irregular, pone de manifiesto la persistente problemática de la economía sumergida en Canarias, que junto con Andalucía, lidera las estadísticas de economía sumergida en España, con un 17,9% del PIB regional.

El incidente nos ilustra sobre, de qué manera, sectores como la hostelería y los servicios, predominantes en regiones turísticas como la nuestra, son particularmente vulnerables a estas prácticas ilegales. La explotación de trabajadores en situación irregular no solo priva al Estado de ingresos necesarios, sino que también fomenta condiciones laborales precarias.

Como consecuencia de una sociedad democrática y avanzada en derechos sociales, el incumplimiento de la legalidad en materia de  contratación conlleva graves consecuencias legales para los empleadores, tanto en el ámbito administrativo como penal. Con efectos que pueden abarcar desde la imposición de multas, la clausura de los negocios, e incluso penas de prisión.

Otro aspecto fundamental que conviene destacar, es que la evasión de impuestos que supone la contratación en situación irregular, se traduce en una competencia desleal que afecta al resto de empresarios que sí cumplen con la normativa.

La labor de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social es crucial para detectar situaciones como estas pero es responsabilidad de toda la sociedad, no solamente de las autoridades, trabajar hacia una economía que garantice los derechos de todos los trabajadores.

Con dicho fin existe un buzón creado por la propia Inspección de Trabajo  para que cualquier ciudadano pueda denunciar una situación de fraude laboral desde el más absoluto anonimato.