El artículo 1 de la Ley 20/2007 del Estatuto del Trabajo Autónomo, la ley que regula las particularidades de los trabajadores autónomos, dice lo siguiente:

“La presente ley se aplicará a las personas físicas que realicen de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona, una actividad económica o profesional a título lucrativo, den o no ocupación a trabajadores por cuenta ajena.”

De dicho artículo podemos extraer las características que definen a una persona trabajadora autónoma:

• Es una persona que realiza una actividad económica de forma habitual, personal y directa.
• Lo hace persiguiendo un beneficio económico.
• No está sujeto a contrato de trabajo por cuenta ajena.
• Responde con todo su patrimonio de forma ilimitada.
• Puede contratar a otras personas, pero sigue siendo autónomo.

Sin embargo, un falso autónomo es una persona, que aunque está dada de alta como autónoma en la Seguridad Social, paga su cuota de autónomo y cumple con las obligaciones fiscales de este régimen, en la práctica, trabaja bajo las mismas condiciones que un trabajador por cuenta ajena.

Las principales características de un falso autónomo son:

• En la práctica existe una dependencia de su empleador pues está sometido al control y a la subordinación de éste,  que le indica cómo, cuándo y dónde debe realizar su trabajo.
• No existe autonomía real pues el falso autónomo no puede organizar su actividad libremente, ni decidir sobre su horario, métodos de trabajo o vacaciones. La empresa lo decide todo por él.
• Suele trabajar en exclusividad,  prestando sus servicios a una sola empresa, sin tener otros clientes propios.
• El falso autónomo utiliza los materiales, herramientas o instalaciones proporcionados por la empresa, en vez de los suyos propios.
• El salario y las condiciones económicas las establece la empresa, no el trabajador, y suele estar ligado al cumplimiento de una jornada, no al resultado de su actividad.
• El falso autónomo no asume el riesgo de la actividad, como sí ocurre con el verdadero autónomo.
• Un falso autónomo trabaja como un asalariado pero no tiene acceso a derechos laborales como vacaciones pagadas, indemnización por despido, salario mínimo y resto de protecciones según el convenio colectivo aplicable.

Todas estas características son las que la Inspección de Trabajo  va a valorar y van a servir para determinar si existe una relación laboral por cuenta ajena encubierta, y por lo tanto se está cometiendo un fraude a la Seguridad Social además de estar atentando contra los derechos del trabajador.

Un ejemplo muy actual y relevante que está siendo objeto de debate en los tribunales, es el de los trabajadores de la empresa de entrega a domicilio Glovo.

Durante años, esta empresa ha estado utilizando a miles de autónomos que no organizaban su trabajo, pues recibían instrucciones directas y precisas de la empresa, que se caracterizaban por:

• Los clientes los suministraba Glovo a través de su propia plataforma.
• Las tarifas de cada entrega, también las fijaba unilateralmente Glovo a través del cálculo que se generaba en la propia aplicación, sin que los repartidores pudieran pudieran poner sus propios precios.
• Aunque los trabajadores podían elegir la franja horaria para trabajar, era Glovo quien controlaba la asignación de los pedidos, hacía el seguimiento y valoraba el desempeño del repartidor.
• La plataforma de la empresa gestionaba los pagos a los clientes y transfería semanalmente los pagos a los repartidores.

Por todo ello, la justicia ha dictado varias sentencias contra Glovo obligando a la empresa a regularizar a esos trabajadores, abonar las cotizaciones a la seguridad social atrasadas y enfrentarse a sanciones millonarias.

Es en los momentos de crisis económicas cuando se incrementa el número de falsos autónomos, pues para las empresas supone un ahorro considerable en cotizaciones a la seguridad social, vacaciones, indemnizaciones, y el resto de derechos que se reconocen a los trabajadores asalariados.

Un falso autónomo que recibiese por salario el SMI supondría un ahorro de costes salariales de unos 7.000 € anuales para la empresa. A medida que aumenta el salario, el ahorro de la empresa es mayor, pues no olvidemos que las cotizaciones a la Seguridad Social se calculan aplicando un porcentaje sobre la base de cotización.

Hay que señalar que en los últimos años también se han detectado casos de falsos autónomos entre profesionales de sectores como la psicología, la odontología, el periodismo, la consultoría, la ingeniería y la medicina privada donde los sueldos están bastante por encima del SMI y donde el ahorro al contratar a estos profesionales como falsos autónomos, es mucho mayor.

Las empresas que sí cumplen con la legalidad, contratando a los trabajadores como asalariados, se encuentran en clara desventaja respecto a aquellas que utilizan la figura del falso autónomo para reducir sus costes salariales.

La figura del falso autónomo, no solamente socava los derechos de los trabajadores, sino que contribuye directamente a la economía sumergida. Además, este tipo de fraude suele venir acompañado de otras prácticas irregulares, como la ocultación de la facturación real o el pago de parte de los salarios en efectivo, restando recursos económicos al Estado y disminuyendo la financiación de los servicios públicos y de las prestaciones sociales.

Además, un asalariado contratado bajo la figura del falso autónomo no solamente tiene que hacer frente al pago de la cuota de autónomo, sino que está obligado a hacer declaraciones trimestrales adelantando el 20% de su beneficio a la Agencia Tributaria, declaraciones trimestrales de IGIC, y sus correspondientes declaraciones anuales, lo que conlleva a un gasto extra al tener que contratar los servicios de una gestoría.

Para las empresas que sí cumplen con  la ley, el aumento de los falsos autónomos supone una clara desventaja y una competencia desleal ya que quienes recurren a este tipo de economía sumergida pueden ofrecer unos precios más bajos, poniendo en riesgo la viabilidad de los negocios legales.

A nivel global, la economía sumergida nos afecta a todos pues supone una pérdida de ingresos fiscales, un deterioro de la justicia tributaria y un menoscabo de la cultura del esfuerzo

Canarias es una de las comunidades autónomas con mayor porcentaje de economía sumergida y según datos de la UPTA, la competencia desleal es la causa de cierre de 2 de cada 10 negocios legales. Esta situación debilita el tejido empresarial y fomenta un entorno donde la precariedad y la inseguridad se extienden entre los trabajadores y los pequeños empresarios.

Los sectores donde se detectan más falsos autónomos son los de servicios, la construcción, el transporte, la hostelería y el comercio minorista.

La Confederación Empresarial de Lanzarote (CEL), consciente de la persistencia y cronificación del problema de la economía sumergida en la sociedad lanzaroteña, ha puesto en marcha por segunda vez el programa Emerge. Este proyecto tiene como objetivo principal concienciar a la población sobre las graves consecuencias de participar en la economía sumergida, difundiendo información clara y accesible. Además, ofrece asesoramiento gratuito a personas y empresas que desean regularizar su actividad económica, contando con el apoyo de un equipo técnico especializado que facilita el alta como autónomo y resuelve todas las dudas que puedan surgir durante el proceso.

Este acompañamiento cercano y gratuito refuerza la colaboración entre administraciones, empresas y ciudadanía para construir una economía más transparente, justa y competitiva en Lanzarote.

Desde la CEL se insiste en que la economía sumergida no solo genera competencia desleal, sino que también debilita la capacidad recaudatoria de las administraciones públicas y pone en riesgo la seguridad y los derechos tanto de consumidores como de trabajadores. Por ello, programas como Emerge son esenciales para fomentar la responsabilidad compartida y avanzar hacia un modelo económico sólido y equitativo en la isla.